Por: Diego Lanese

En las primeras horas del paro nacional convocado por la CGT, el poderoso Grupo DOTA decidió intentar una maniobra para sostener una parte de los servicios. Bajo el argumento que el DNU 70/2023 declara el transporte público “servicio esencial”, obligó a los choferes a mantener un 50 por ciento de los servicios, como establece esa normativa. Pero la Justicia dio marcha atrás con esta cuestión, remarcando que el decreto está suspendido por su posible inconstitucionalidad y resguardó el derecho a huelga de los trabajadores. Esta maniobra expuso al líder opositor dentro del gremio UTA, que es referente en esa empresa con cerca de 100 líneas de colectivos en el conurbano y reavivó la pelea con la conducción del sindicato, que esta vez logró el respaldo de la dirigencia cegetista, que decidió “soltarle la mano” a Miguel Bustinduy por su falta de condena a la postura “anti paro” del grupo empresarial. Esto siguió en estos días, con intentos de sanciones en algunas de sus líneas combativas, como la 60, donde el clasismo sindical denunció la persecución a los choferes que se sumaron a la protesta. La interna de los choferes de colectivos se da en momentos que se siguen discutiendo los subsidios del transporte público y el Grupo DOTA presiona por mejorar sus recursos, apalancado en la relación que tiene con la familia del presidente Javier Milei, en especial su padre Norberto, quien fue trabajador de la firma y presidente de dos de sus principales líneas.

Como contó Política del Sur en su momento, en medio del paro nacional el Grupo DOTA intentó aplicar el DNU 70 para evitar el corte total de servicios, pero un fallo judicial remarcó que el decreto no está vigente y garantizó el derecho a huelga de sus trabajadores. A instancia de la UTA, el juez laboral José Ignacio Ramonet le dio la razón al gremio, y permitió que haya acatamiento total a la medida llamada por la CGT y las dos CTA. La maniobra empresarial expuso a Miguel Bustinduy, referente de la Agrupación Juan Manuel Palacios, que protagoniza una larga interna con la conducción de la UTA que encabeza Roberto Fernández, que creció y fortaleció su poder en ese grupo, el cual de alguna manera “animó” para romper con el oficialismo. Los vínculos manifiestos contra el dirigente y la patronal no gustaron nada en la CGT. “Le bajaron el pulgar”, le dijeron a Política del Sur fuentes cercanas a Azopardo ante esta nueva situación. Además de la relación con DOTA, en la central obrera no gustó que la agrupación no haya respaldado el paro. “Las regionales de la agrupación fueron al paro igual, desconociendo la pasividad de la dirigencia ante el atropello empresarial”, expresó otra de las fuentes consultadas.

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Lejos de apaciguar su postura luego del fallo judicial, el Grupo DOTA sigue su política de hostigamiento, como sucede en la Línea 60, donde justamente hay una tercera pata de la interna de la UTA: un grupo de delegados clasistas que no responden ni a Fernández ni a la agrupación opositora. Allí, le confirmaron a Política del Sur, la empresa “intenta amedrentar a los trabajadores mandándoles más de 700 partes, exigiéndoles explicaciones por su participación del paro nacional”. “Hay muchos antecedentes de suspensiones por acciones sindicales, antes del paro hubo 10 choferes sancionados antes de la protesta de la CGT, y luego del paro hubo un despido”, dijo la misma fuente consultada. Las amenazas se extienden “a todas las líneas de la empresa”, siempre usando el argumento el DNU 70, que no está en vigencia en su capítulo laboral. DOTA se hizo cargo de la tradicional Línea 60 en el 2010 y allí comenzó una tarea de desgaste de la comisión interna, en manos de una agrupación apoyada por partidos de izquierda, en especial el PTS. En esta pelea hubo un gran paro de más de 40 días, donde se utilizaba el método del no cobro de boletos.

En su pelea con Fernández, Bustinduy contaba hasta ahora con el apoyo de algunos referentes del moyanismo, y en alguna elección el propio Pablo Moyano se sacó una foto con el referente opositor. Pero esta situación puede terminar con esto. Además, en esta pelea la conducción de la UTA logro otro triunfo contra DOTA y la pasividad de la dirigencia opositora por el pago de la cuota sindical. La empresa sostuvo que el DNU estableció que la retención ya no era automática, sino con la expresa voluntad del trabajador. El gremio reclamó que ese aspecto también está dentro del capítulo laboral del decreto y por lo tanto invalidado. El fallo en ese expediente también ratificó que el decreto está suspendido. Por lo tanto, se mantendrá el giro de recursos. Los vínculos de Bustinduy con el grupo son conocidos antes de esta maniobra para romper con el paro nacional, pero ahora quedaron expuestos, a la vista de todos. El dirigente era el referente de la UTA en esa empresa cuando todavía estaba en el oficialismo del gremio. En ese tiempo hubo problemas con los aportes de los trabajadores, lo que generó el enojo de Roberto Fernández. Allí comenzó la pelea que hoy mantiene. Las versiones indican que la directiva de DOTA “alentó” a Bustinduy a armar el espacio opositor y que a partir de ello se lo respaldó para que crezca su influencia. Pero hasta ahora, más allá de algunas regionales, por fuera de DOTA su poder es bastante limitado.

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Para muchos, la decisión de DOTA de intentar sabotear el paro nacional fue “una traición” para la agrupación opositora, que quedó en evidencia ante el movimiento obrero. La maniobra empresarial podría estar vinculada a la relación que el grupo DOTA con la familia del presidente Milei, en especial su padre Norberto Milei. Como contó una reciente investigación del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), el padre del mandatario presidió, al menos entre 2004 y 2005, a Rocaraza SA, Teniente General Roca SA y Francisco de Viedma SA. “Hoy tres empresas del Grupo DOTA controlan el 67 por ciento del total del servicio que se presta en el AMBA”, resaltó el informe. “El padre del presidente compartió estas empresas con José Faijá, uno de los grandes empresarios del transporte de colectivos, dueño del Grupo DOTA. Este holding, que está integrado por decenas de empresas del sector, es una de las compañías que más fue beneficiada con subsidios estatales al transporte de colectivos durante las últimas dos décadas”, publicó el sitio DiarioAr en su informe periodístico.