Por: Diego Lanese

Una marca de la gestión libertaria comenzada el 10 de diciembre del 2023 es la impericia en el diálogo político. Como si heredera la tendencia a la ruptura del presidente Javier Milei, el oficialismo fracasó varias veces en la negociación parlamentaria, en algunos casos llegando al ridículo. El mejor ejemplo de esto es aquella frase de Miguel Ángel Pichetto que le pedía “ganar alguna” de las discusiones, en la sesión que terminó con el derrumbe del tratamiento de la Ley Bases o “ley ómnibus”. En estos días, volvieron las intensas discusiones para llevar una nueva ley, menos filosa pero que pueda sumar los votos necesarios para su aprobación, que los bloques de la oposición amigable marcaron que quieren hacer. Una de las cartas de negociación es la reforma laboral. El Gobierno hizo una apuesta “tercerizando” la propuesta a través de un proyecto del radicalismo, que un informe elaborado por la CTA Autónoma dice que es “una mala copia” de la original, con capítulos más duros que la presentada por el gobierno. En esta puja, se está a punto de lograr un acuerdo, edulcorando los cambios en las leyes que rigen el mercado del trabajo, que no incomodan a casi nadie, y que haría que en la próxima sesión de Diputados se pueda votar. A la poda sobrevivieron unos 7 artículos de los casi 60 de los originales, que además de ser rechazados por los gremios fueron invalidadas por la Justicia, incluyendo un último fallo que frenó la venta de medicamentos fuera de farmacias, por el perjuicio que trae a los farmacéuticos como trabajadores.

Este miércoles la Comisión de Trabajo inició la discusión del capítulo laboral de la nueva Ley bases. Con eje en el proyecto presentado aparte por el bloque de la UCR, se discutió la forma de evitar un enfrentamiento directo con los gremios, que en la única cumbre con autoridades del Gobierno dejaron en claro que algunas cosas no permitirán que se aprueben. Por eso, la reforma “light” que se planteó en la discusión entre oficialistas, radicales y otros bloques dejaron una serie de medidas menos agresivas, que apunan a darle a las empresas más libertad de contratación que a limitar el accionar gremial, como se respiraba en el proyecto original. Según las versiones, el Gobierno finalmente aceptó eliminar del capítulo laboral los artículos más cuestionados por distintos sectores de la oposición dialoguista, que coincidentemente, eran los que rechazaba la CGT. El nuevo borrador contiene la propuesta de modernización laboral, que quedó en 17 de los 58 artículos iniciales, lo que marca el impacto de la poda. Quedó fuera la penalización de las asambleas de trabajadores que terminan en medidas de fuerza encubiertas y el artículo que consideraba los bloqueos sindicales como “grave injuria laboral como objetiva causal de extinción del contrato de trabajo”. Pero aquí se mantiene el artículo que alivia las penas contra quienes bloqueen una empresa. Otro artículo eliminado, que figuraba en el DNU y el anterior borrador, era el que ponía en jaque dos puntos de la Ley de Contrato de Trabajo: el principio de que en caso de duda se debe aplicar la norma más favorable al trabajador y la irrenunciabilidad, es decir, la habilitación a que los empleados renuncien de manera voluntaria a derechos adquiridos que surgen de leyes o convenios colectivos. El Gobierno también quitó los cambios en el régimen de teletrabajo que estaban en sintonía con la postura empresarial y la derogación del Régimen del Viajante de Comercio, dos de los artículos que estaban en el DNU 70.

En el día de hoy empezó la reunión informativa para tratar el proyecto de reforma laboral que impulsa el diputado De Loredo y otros.
Es un proyecto absolutamente regresivo, viola artículos de la constitución nacional y limita casi a su inexistencia el derecho de huelga.
Ataca… pic.twitter.com/hNt3IUq03c

— Sergio Omar Palazzo (@SergioOPalazzo) April 24, 2024

Siguen en el proyecto la modificación de las multas por trabajo no registrado o mal registrado, la reducción de 8 a 6 meses del período de prueba de los trabajadores (podrá ampliarse hasta 8 meses en las empresas de 6 y hasta 100 trabajadores, y hasta 1 año en las empresas de hasta 5 trabajadores) y la habilitación a que empresarios y sindicalistas acuerden en la negociación colectiva una nueva indemnización basada en el Fondo de Cese Laboral de la UOCRA. Esto parece una negociación, pero en una conferencia de prensa este jueves el cotitular de la central obrera Pablo Moyano lo negó. “Nunca hubo ninguna reunión secreta entre el Gobierno y la CGT”, sostuvo en declaraciones radiales, y precisó que en el único encuentro que mantuvieron “no se habló de la reforma laboral”. “Un día te dicen una cosa. Después van sacando distintos ítems. Hasta ayer, la reforma laboral salía completa. Todavía no sabemos lo que presenta el Gobierno. Nosotros la rechazamos de plano. No podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones y que se le tengan que pagar ellos mismos”, dijo. Preocupado, alertó por la pérdida de derechos y lamentó que, si avanza la reforma, los trabajadores no tendrán derecho a huelga. "Plantea los períodos de prueba y eso no es negociable. Eso es regresivo, te saca derechos. Y es represiva si llevás adelante una medida de fuerza. Es condenar a los trabajadores que llevan adelante una medida”. Pese a la contundencia de los dichos, hay sospechas de cierto acuerdo con el sector dialoguista, que no se pronunció contra el proyecto radical, que sirvió de punta de lanza de la nueva intentona libertaria.

En la previa a estos acuerdos, la CTA Autónoma emitió un documento donde analizó el proyecto de la UCR, donde criticó la propuesta, la emparentó con la libertaria e incluso la calificó de más peligrosa. El análisis estuvo a cargo del Instituto de Estudios y Formación (IEF), y apuntó al impacto de los artículos más polémicos, como los que limitan el derecho a huelga o la limitación de la financiación de los sindicatos. Uno de los puntos centrales es el límite a la huelga, declarando esenciales varias actividades, incluyendo transporte y educación. “La propuesta impone requisitos muy fuertes para ejercer el derecho”, remarcó el trabajo, al que tuvo acceso Política del Sur. “Imponer pisos mínimos equivale a quitarle toda efectividad en la práctica a la huelga como mecanismo de reclamo”, agregó el reporte, que recordó que esto es “una restricción irrazonable de un derecho constitucional, violando la disposición del artículo 28 de la Constitución”. Además, se limitan las asambleas, ya que solo se permiten aquellas que no perjudiquen “las actividades normales de la empresa o afectar a terceros”. En cuanto a los convenios colectivos, hay “una derogación parcial” de la ultraactividad, ya que “solo rige para las cláusulas obligacionales, que regulan las relaciones entre sindicatos y empleadores, y no aplica para las cláusulas normativas, que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores”. Como consecuencia de esto, “todas las cláusulas que establecen derechos para las organizaciones sindicales dejarían de ser ultraactivas, incluyendo aquellas que establecen una cantidad de delegados mayor a la prevista en la ley, las que crean comisiones paritarias o comités mixtos, las que regulan el crédito horario de los delegados”, entre otras.

👨‍🏭Informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA sobre los principales aspectos del proyecto de ley de reforma laboral presentado por la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados. https://t.co/XX1v9HasBd

— CTA Autónoma (@CTAAutonoma) April 22, 2024

Como el original, la iniciativa radical extiende el período de prueba, y flexibiliza “en extremo” la jornada laboral, permitiendo incorporar a los convenios jornadas superiores a las 48 horas semanales actuales. El proyecto de ley, al igual que el DNU, “establece que la ley de contrato de trabajo no será aplicable cuando medie entre las partes un contrato”, o bien de contrataciones de obras o de servicios profesionales. De esta manera, alertó el IEF, “se legitima la práctica muy extendida de reemplazar trabajadores en relación de dependencia por locaciones de servicios bajo el formato de monotributistas”. En cuanto a la disminución de la indemnización por despido y su reemplazo por fondos de cese laboral, la propuesta modifica la base de cálculo del artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, “disminuyendo el monto de la indemnización por despido”. Además, se fija el período de prueba en seis meses, y se eliminan o restringen las multas por falta de registración, ambas cuestiones también abordadas por el DNU libertario. Otro de sus artículos más polémicos, la iniciativa de la UCR “es más restrictivo que el DNU 70/23 en materia de financiamiento”, según el análisis del IEF. En primer lugar, “mantiene la exigencia que establecía el DNU de que todos los descuentos que efectúe el empleador cuenten con la conformidad explícita de cada trabajador”. “Esta regulación impide en la práctica la imposición de cuotas de solidaridad en los convenios colectivos a cargo de los trabajadores no afiliados y, en su literalidad, implicaría una obligación de volver a empadronar a los afiliados de las organizaciones sindicales”, explicaron. En segundo lugar, el proyecto “va más allá, ya que directamente prohíbe los aportes establecidos en los convenios colectivos, tanto a cargo de los trabajadores afiliados como no afiliados”. A su vez, en cuanto a los aportes a cargo de los empleadores, establece que “ellos solo podrán establecerse sobre la base de los trabajadores afiliados a la organización sindical, y no sobre el total de trabajadores comprendidos en el ámbito del convenio”.